El ascenso de las derechas en España: control de medios, justicia y sindicatos
En los últimos años se ha denunciado una creciente concentración de medios e influencia conservadora en España, acompañada por maniobras políticas y judiciales orientadas a debilitar a la izquierda y recortar derechos laborales. Datos recientes lo ilustran con claridad: los diarios ubicados ideológicamente a la izquierda (como El País, elDiario.es y Público) concentran colectivamente solo el 14,6 % de la audiencia según el CIS (infoLibre), frente a más del 80 % de la audiencia total controlada por medios de la derecha. De manera similar, las cadenas mayoritarias de televisión –Antena 3 (Grupo Planeta), Telecinco y Cuatro (Mediaset)–, catalogadas por la audiencia como de línea derechista, suman un 28,3 % del share (infoLibre), casi diez puntos más que la televisión pública y los canales de izquierdas (Televisión Española y La Sexta) en conjunto. En radio la disparidad es semejante: emisoras conservadoras como COPE, Onda Cero y esRadio suman un 45,8 % de audiencia estatal, superando a emisoras progresistas como la SER y RNE (39,7 %) (infoLibre). Estos datos revelan un desequilibrio mediático que varios analistas interpretan como un factor estructural: los medios de derechas dominan la información que recibe la mayoría de los españoles (infoLibre), lo que facilita narrativas desfavorables a la izquierda.
Ese panorama ha llevado a observadores y partidos progresistas a alarmarse por la posible falta de pluralismo informativo. Por ejemplo, infoLibre advierte que la “nómina de periódicos… en la órbita de influencia de la derecha” abarca más del 80 % de la audiencia en papel y digital (infoLibre). Además, sectores conservadores disponen de recursos públicos para reforzar su alcance mediático: en Madrid, el Gobierno de Ayuso destinó cuantiosas subvenciones institucionales a emisoras afines como esRadio, Radio Intereconomía y la Cadena COPE (ElPlural). En suma, la amplia presencia mediática de la derecha es vista como un instrumento para desacreditar a la izquierda y fijar la agenda pública con criterios conservadores.
Judicialización de la política y presiones jurídicas
Paralelamente, el uso político de la justicia –la llamada judicialización de la política– ha generado profundas controversias. Expertos legales y partidos de izquierda critican que PP y Vox han llevado a los tribunales a dirigentes y altos cargos del Gobierno con objetivos esencialmente políticos. El catedrático Javier García señala que estos partidos “pretenden desprestigiar al Gobierno y a sus partidos” mediante querellas infundadas que los involucren en un “conflicto político-judicial” (Fundación Sistema). En la misma línea, medios como El Plural destacan que la estrategia derechista actúa por varios frentes (político, mediático y judicial) para “derrocar al poder que no comulga con sus intereses”, citando como ejemplo reciente la condena judicial al Fiscal General del Estado (ElPlural).
En este contexto se ha consolidado el uso del término lawfare. La oposición de izquierdas (Sumar, Podemos) y líderes sindicales han condenado fallos judiciales selectivos. Tras la sentencia contra el Fiscal General Álvaro García Ortiz, diputados de coalición tildaron el juicio de “estrategia de golpe blando hacia el Gobierno” y señalaron que no contribuirán al lawfare en España (ElPlural). Incluso algunas asociaciones judiciales progresistas han expresado su “perplejidad” ante decisiones del Supremo, apuntando a una posible politización externa. Críticos coinciden en que la justicia está siendo utilizada como arma política para impugnar reformas (como la del CGPJ) o promover causas penales mediáticas supuestamente alineadas con intereses partidistas.
Influencia en las fuerzas de seguridad
También ha llamado la atención la creciente connivencia entre la derecha política y sectores de las fuerzas de seguridad. En agosto de 2024 el sindicato mayoritario de la Policía (SUP) firmó un acuerdo con la empresa Desokupa, por el cual esta formación de extrema derecha ofrecería cursos de “defensa personal” a 30.000 agentes (elDiario.es). El Ministerio del Interior abrió expediente al SUP, advirtiendo que el convenio podría contravenir “valores democráticos”.
Estos pactos con entidades de ultraderecha se enmarcan, según algunos analistas, en un proceso de “fascistización” de cuerpos policiales, al tiempo que se documentan episodios de espionaje interno. El Plural recuerda las llamadas “cloacas del Estado” durante el Gobierno del PP (2014), cuando una “policía patriótica” recopiló informes apócrifos para atacar a dirigentes socialistas (ElPlural). Asimismo, se han denunciado diferencias de celeridad en investigaciones de la Guardia Civil según la orientación política de los implicados: mientras avanzaron ágilmente pesquisas sobre ministros socialistas, la investigación sobre el novio de la presidenta Ayuso avanzó con lentitud (ElPlural).
Ataque a los derechos laborales
Otra dimensión clave ha sido la presión sobre los sindicatos y los derechos laborales por parte de PP y Vox. En varias comunidades autónomas gobernadas por esta coalición se han impulsado recortes de subvenciones sindicales y restricciones a la acción sindical. Una ley aprobada en Murcia en junio de 2025 eliminó las ayudas a patronal y sindicatos por participar en órganos de diálogo social (El País). Ante ello, la ministra Yolanda Díaz denunció que en las administraciones controladas por PP y Vox “están desarticulando la negociación colectiva, el diálogo social y la participación institucional”, alertando de una “ofensiva” contra la libertad sindical (El País).
Desde la izquierda se interpreta que esta estrategia forma parte de un proyecto más amplio. El exalcalde Rafael Simancas escribió que la ofensiva contra las centrales sindicales es un mecanismo para “desvertebrar las sociedades democráticas” (Fundación Sistema). En la misma semana del 1º de Mayo de 2025, el PP presentó propuestas para vetar a sindicalistas en cargos públicos y Vox lanzó ataques verbales contra UGT y CCOO (Fundación Sistema). Para los sindicatos, se trata de un ataque coordinado que busca erosionar conquistas laborales históricas.
Polémica condena del fiscal general (20-N de 2025)
El clima se intensificó con la sentencia del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, anunciada el 20 de noviembre de 2025, coincidiendo con el 50.º aniversario de la muerte de Franco (RTVE). El Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos relacionado con el caso del novio de Ayuso. Sin embargo, esa decisión desató fuertes críticas por falta de fundamentación probatoria. infoLibre señaló que “el proceso ha concluido en condena pese a que no hay ninguna prueba de que García Ortiz fuera su autor” (infoLibre).
El fallo, adelantado verbalmente sin motivación escrita, fue duramente criticado por el Gobierno. La ministra Díaz lo calificó de “político”, mientras RTVE informó que en privado miembros del Ejecutivo lo consideraban “una condena sin pruebas” (RTVE). Juristas denunciaron la “inusual precipitación” del procedimiento, que dedicó apenas una semana a un caso de gran complejidad. Incluso dos magistradas firmaron un voto particular en contra de la condena (RTVE).
Para la oposición de izquierdas, la sentencia ejemplifica la politización judicial que vienen denunciando y alimenta la tesis del lawfare.
Conclusiones
Según múltiples observadores, el ascenso de la derecha en España va acompañado de una consolidación de poder en medios, justicia y mecanismos estatales. Esa consolidación se interpreta como una estrategia coordinada para limitar el pluralismo democrático: concentración mediática en medios afines, uso de la judicatura para desacreditar adversarios y debilitamiento de sindicatos en beneficio de intereses conservadores. El Plural resume este diagnóstico afirmando que la derecha actúa en “varios frentes” para “derrocar al poder que no comulga con sus intereses” (ElPlural). El resultado, según estas lecturas, es un panorama donde la diversidad de voces se erosiona, la acción sindical se debilita y la separación de poderes se ve comprometida.